La creciente tasa de secuestros en nuestra región y nacional, debería ser un claro llamado de atención para las autoridades regionales a fin de exigir un mayor presupuesto para la seguridad. Las comunas, por sí solas, enfrentan grandes desafíos para abordar esta problemática y necesitan del apoyo decisivo del gobierno central. Es imperativo que aquellos que responden directamente al presidente transmitan con urgencia las necesidades específicas de nuestra región. Desafortunadamente, esto parece no estar ocurriendo.
No me agrada tener que insistir en este punto, pero ya ha pasado más de un año desde que, el 18 de agosto, el subsecretario Monsalve se comprometiera a entregar más recursos en materia de seguridad directamente a cada una de nuestras comunas. Se prometió un total de entre 3000 a 3600 millones, que se distribuirían entre las 12 comunas de la región. A esto se sumaría una inyección de 1800 millones por parte del Gobierno Regional (GORE), compromiso que fue cumplido por los consejeros regionales y el gobernador. Sin embargo, el gobierno central no ha cumplido con su parte.
Lo que sí se ha llevado a cabo es la implementación del sistema nacional de seguridad municipal, que incluyó recursos para casi todas las comunas: 100 millones para Valdivia, 61 millones para Panguipulli y 41,5 millones para cada una de las siguientes comunas: Lanco, Mariquina, Máfil, Paillaco, Los Lagos, Futrono, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco. Sin embargo, es profundamente preocupante y decepcionante que la aislada comuna de Corral no haya recibido ni un peso.
Esta situación es inaceptable. La seguridad no debe ser un lujo reservado solo para algunas comunas, sino un derecho básico accesible a todos, independientemente de su ubicación geográfica o tamaño. La seguridad es la base para el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades.
Es hora de que el gobierno central reconozca y atienda las necesidades de seguridad de todas las comunas, especialmente aquellas que, como Corral, a menudo se ven ignoradas o dejadas de lado en la distribución de recursos. No podemos permitir que la seguridad de nuestros ciudadanos dependan de la comuna de residencia.