El pasado jueves, tuve la oportunidad de participar junto a la ministra en la muestra de resultados de la incautación de armas por parte de Carabineros en nuestra región. Más de 100 armas fueron exhibidas en la Escuela de Formación de Carabineros, lo que refleja el arduo trabajo que están realizando en la región en esta materia. Estas armas, algunas de las cuales fueron incautadas en procedimientos policiales de allanamientos y otros en controles de identidad, son un testimonio del esfuerzo y dedicación de nuestras fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la cantidad de armas que la comunidad entregó voluntariamente a Carabineros, este gesto de confianza de la ciudadanía hacia la institución.
Sin embargo, el día viernes, la ministra, desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, informó por cadena nacional sobre el secuestro ocurrido el día anterior en la región de O’Higgins. En su declaración, mencionó que se había pagado un rescate y señaló que estábamos frente a un nuevo fenómeno delictivo. Debo decir que esta afirmación es errónea, ya que el aumento de los secuestros en nuestro país ha sido constante en los últimos años. El año pasado, en nuestra propia región, fuimos testigos del testimonio de una mujer adulta mayor que fue víctima del «cuento del tío» y fue secuestrada en pleno centro de Valdivia.
Delitos como este llevaron a que lográramos una pronta la tramitación en el congreso y posterior promulgación de la Ley N° 21.557, que modificó el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro. Es fundamental que el Gobierno y sus autoridades se tomen en serio la seguridad de los ciudadanos y brinden respuestas efectivas ante este tipo de situaciones.
Debo reiterar mi crítica al presupuesto 2024 en materia de seguridad. Si bien el aumento del 5,7% es un paso en la dirección correcta, deja en duda el futuro de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, ya que no queda claro si dicha política continuará y cómo se financiará.