La reciente discusión sobre el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el año 2024 ha generado un debate crucial en torno a la austeridad y su impacto en los beneficiarios de los programas gubernamentales.
Este presupuesto, de $1.341.152 millones, experimenta una reducción del 5,7%. Aunque algunas líneas programáticas han registrado aumentos notables, como Chile Crece Contigo y Niñez con un incremento del 22,4%, otras han sufrido reducciones significativas, como el Subsidio Ingreso Garantizado Ley N°21.218, que ha experimentado una disminución del 76,2%. Este subsidio, que garantiza un sueldo líquido de $379.793 para trabajadores dependientes con jornada ordinaria, ha sido afectado de manera drástica. Esto es relevante, considerando que la encuesta CASEN ha señalado que los programas de transferencia directa son los más efectivos en la reducción de la pobreza.
El análisis pone de manifiesto que, a pesar de los aumentos en líneas programáticas clave, como el Sistema Nacional de Cuidado y Vivienda Primero, existen preocupaciones en torno a la disminución de recursos en programas como FOSIS, que ha sufrido una reducción del 17,8%. Aquí surgen interrogantes acerca de cómo se disminuye el apoyo a las personas para salir de la pobreza o acceder a ingresos más formales, mientras se promueve el asistencialismo.
En relación con el programa Sistema de Protección Integral a la Infancia, el presupuesto general experimenta un aumento del 59%. Este incremento se explica principalmente por el aumento de los recursos destinados a otras entidades públicas, como el Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia, que ha crecido de $335 millones a $2.747 millones. Este programa en la evaluación realizada en 2022 no ha proporcionado una comprensión clara del beneficio real para los niños. Se recomienda avanzar en la medición de mejoras en la interacción con los niños, ya que actualmente se mide principalmente el uso de espacios para la crianza.
El llamado persistente es a estar dispuestos a evaluar y mejorar los programas, incluso fusionarlos si es necesario, para garantizar una entrega más efectiva de los beneficios a quienes más los necesitan. Este enfoque es esencial para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente.