La aprobación del nuevo proyecto en segundo trámite constitucional sobre delitos de usurpación es un hito significativo. Durante años, la usurpación ha estado envuelta en un manto de impunidad, en gran medida debido a la situación actual, donde los castigos son simples multas y van de 6 a 20 UTM. La reforma plantea sanciones de cárcel que varían según la violencia con que se ejecute la usurpación.
El nuevo marco legal representa un avance significativo. Al establecer penas de cárcel para la usurpación, tanto en su forma no violenta como violenta, se aumenta significativamente el riesgo para quienes cometan estos actos, desincentivando la ocupación ilegal. Además, la introducción del concepto de «flagrancia permanente». Hasta ahora, la flagrancia se limitaba a un periodo de 12 horas tras la comisión del delito, según la interpretación predominante de la ley. Esta modificación permitirá a las fuerzas de seguridad detener a los responsables en cualquier momento durante la ocupación ilegal, erradicando así el manto de impunidad que solía proteger a los usurpadores.
El proyecto también otorga una medida de justicia a las víctimas de usurpación. Al consagrar la legítima defensa privilegiada, se reconoce el derecho de las personas a protegerse frente a actos de violencia o intimidación.
Otro punto a destacar son las nuevas reglas para determinar la pena. La reforma establece criterios claros y «rígidos» para aplicar la pena de presidio, especialmente en situaciones que involucran bienes destinados a la habitación o que obstaculizan servicios públicos.
Añadido a todo esto, la idea de un posible veto presidencial a la legítima defensa privilegiada es, en mi opinión, impresentable. Las justificaciones que circulan, acerca de un «problema de la legítima defensa privilegiada permanente e ilimitada,» parecen desinformadas. Los tipos de veto podrían ser aditivo, supresivo o sustitutivo, cualquiera de los cuales podría desvirtuar la ley.
Esta reforma es un avance significativo que debería disuadir la usurpación al eliminar la impunidad que la rodea, ofreciendo a su vez una mayor protección a las víctimas. Con esto, el proyecto de ley da un paso firme hacia una justicia más equitativa en esta materia.