Iniciamos la discusión de la Ley de Presupuesto para el año 2024, y en vista de la controversia que surgió este año debido a actos delictuales que minaron la confianza ciudadana en el gobierno y fundaciones, es crucial examinar detenidamente los programas gubernamentales. Pero, ¿qué son exactamente estos programas?
En Chile, definimos un programa, según la Ley 20.530 de 2011 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como un conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas destinadas a proveer ciertos bienes y/o servicios con el propósito de resolver un problema para una población objetivo. Su diseño se basa en una “hipótesis de cambio”.
Es lo que conocemos como oferta programática que combina tanto políticas sociales de carácter universal, con otras más selectivas, donde los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos de acceso.
Por ello es tan importante los informes que desde el año 2012, la Dirección de Presupuesto (DIPRES) y la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) realizan al llevar a cabo el proceso de evaluación y monitoreo de los programas públicos.
Entre los años 2012 y 2022 la oferta programática que es parte de este proceso creció de 478 a 700 programas, de los cuales, 484 (69%) son sociales y 216 (31%) no sociales.
Hay varios programas que provienen de distintas instituciones y tienen propósitos similares, lo que podría llevar a ineficiencias y en cierto caso, a duplicidad de funciones por ejemplo, hay 44 iniciativas para promover la producción científica y tecnológica, que provienen de seis ministerios y fundaciones. Además el monitoreo permite identificar iniciativas mal asignadas, por ejemplo, está el “subsidio al consumo de gas natural” en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que quizás esta iniciativa debería estar en el Ministerio de Energía.
En relación con los resultados del proceso 2022, un 51% de los programas, 358 de 700, presenta alguna deficiencia en alguno de los criterios que se evalúan. En total se destinaron unos US$ 27.941 millones a programas con deficiencias, aproximadamente 9,3% del PIB.
Estos antecedentes son fundamentales para mejorar la oferta programática del Estado y avanzar hacia el buen uso de los recursos públicos.