Boletín N° 11485-05
Presidente, existen diversos análisis internacionales de la OCDE y el Banco Mundial que han destacado la labor del Comité SEP en Chile. No obstante esto, se ha dejado de manifiesto la necesidad de revisar su condición jurídica.
En los últimos años se han hecho variados esfuerzos y recomendaciones que mandatan utilizar la estructura regulatoria expandiendo el número de Empresas Estatales sujetas al sistema, pero no se ha logrado impulsar la relevancia de esta materia.
Sabemos que el único resultado concreto que se ha logrado a la fecha, ha sido la incorporación de un artículo transitorio en la Ley N° 20.955, que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, y Los cambios introducidos a los gobiernos corporativos de CODELCO (2014) y ENAP (2017), con los que se reforzaron el rol y responsabilidad de sus directorios.
Considerando estos antecedentes Presidente, es propicio señalar que hoy nos encontramos en un escenario donde el Estado empresario comienza a tornarse más relevante para lograr satisfacer en forma más eficiente y con mayor transparencia las necesidades sociales que recogen cada una de las entidades públicas existentes en Chile.
A esto, debemos agregar que han surgido en forma reiterada, válidas aprehensiones en torno a resguardar el actuar del Estado como propietario de empresas públicas, de modo tal de evitar que se generen distorsiones.
Mientras hace algunos años la discusión se centró en el espacio de los particulares para avanzar en capacidad y logros, al asumir funciones que fueron estatales, hoy en día, no podemos desconocer que nos encontramos frente a un creciente aumento de argumentos que pretenden ampliar o entregar al Estado funciones que el sector privado ha venido desempeñando hasta ahora; situación que ha abierto sendos debates en torno a la subsidiariedad del Estado. Es por esto, que hoy se hace esencial y prioritario discutir este Proyecto de Ley.
Si somos capaces de entregar un buen gobierno corporativo a estas entidades en las que el Estado es partícipe, podremos materializar su independencia y su carácter netamente técnico, de modo tal que el Gobierno de turno no se implique en su gestión y no se vean afectadas por los vaivenes políticos, ni se transformen en instancias prestadores de favores también políticos.
En este sentido, valoro sobremanera que el presente proyecto considere los principios introducidos a los gobiernos corporativos de CODELCO y ENAP, que vinieron a reforzar el rol y responsabilidad de sus directorios; y los principios contenidos en las Directrices de la OCDE que rigen los Gobiernos Corporativos de las Empresas Públicas; entre los que cabe destacar : 1.- La separación entre la función del Estado como propietario y sus otras funciones; y, 2.- Que el Gobierno corporativo de estas empresas debe desarrollar una política de propiedad, pero sin implicarse en la gestión operativa de la empresa.
En fin Presidente, apoyo el Presente Proyecto, así como las acertadas indicaciones introducidas recientemente por el Ejecutivo.