Mi voto a favor entregué hace unos días a un proyecto que se viene arrastrando largo rato, pero que para quienes vivimos en regiones como la nuestra, es sumamente importante y urgente: el fortalecimiento del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Por la importancia, pero también por la excesiva demora que ha tenido su tramitación, junto con aprobarlo, le he exigido al Gobierno imprimir la calificación de urgencia a la iniciativa, que desde que ingresó en marzo de 2018 al Legislativo, ha tenido poco y nada de movilidad.
Y además de impulsar este proyecto, he comprometido mi voto en ésta y las futuras instancias que deberá atravesar, para que el SAG tenga las herramientas técnicas y recursos para que haga bien su pega.
El proyecto del Ejecutivo viene a resolver una serie de cuestiones relacionadas a la dotación del personal, contrataciones y carrera funcionaria, otorgando mayores niveles de estabilidad, capacidad de resolutividad y profesionalización a los funcionarios del SAG a lo largo del país.
No es un tema menor. La agricultura y ganadería en su conjunto representan el 10 por ciento del producto interno bruto nacional y tienen un impacto importantísimo en regiones como la nuestra, cuya economía depende en gran medida de esta actividad.
Siendo éste de los principales pilares económicos de Chile, su crecimiento ha conllevado un aumento progresivo en la demanda de los servicios que presta esta institución en el tiempo; pero la falta de ajustes, modernizaciones y de recursos, pone en peligro las capacidades de respuestas, y de no fortalecerlo, puede terminar convirtiendo al SAG en un ancla -y no un promotor- del desarrollo.
Este paso que estamos impulsando desde la Cámara Baja es de suma relevancia además ante fenómenos originados –y acentuados- por el cambio climático tales como la degradación más rápida de recursos naturales y el peligro de ingreso de plagas y enfermedades, que requieren de una gestión más eficiente y eficaz.
Es importante destacar que el proyecto también se hace cargo de las diferencias existentes entre los trabajadores del SAG, resuelve el traspaso de honorarios a contrata en un plazo gradual de 5 años, y asegura derechos bajo la figura de contrato indefinido según el Código del Trabajo, lo que a mi juicio hace justicia a una realidad controversial en el ámbito público por años.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República