Presidente, sabemos que es deber del Estado proteger la vida y la salud de los ciudadanos; garantía que también esta consagrada en nuestra actual constitución Art. 19 Nº 9.
Sin embargo, hoy, más que nunca, producto de la crisis sanitaria de Covid-19, este deber nos esta llevando a buscar todos los mecanismos necesarios para afrontar los estragos de la pandemia por Covid-19 y las consecuencia económicas que cada día afectan mas a nuestras familias.
Si bien, este proyecto de ley es loable en el sentido que busca un mecanismo excepcional para obtener financiamiento frente a esta crisis, no nos olvidemos que el Art. 65 nº1 de la Constitución Política del Estado que aún esta vigente, establece claramente que toda materia de ley que recaiga sobre la imposición, modificación o derogación de tributos es de iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica.
Ahora bien, considerando el grado de incertidumbre que tiene el horizonte de esta crisis, es que creo plausible la idea de legislar para buscar nuevos mecanismos que nos permitan contar con los recursos necesarios más allá del endeudamiento como país, y me parece que esta discusión bien puede llevarse hacia la posibilidad de establecer un tributo excepcional a personas de muy altos ingresos y empresas de mayor tamaño; pero con la suficiente responsabilidad para evitar que este sea el punto de partida para empezar a crear políticas tributarias que vayan a provocar una salida intempestiva de las inversiones que se mantienen en nuestro país; ya que en eso debemos ser extremadamente cuidadosos si no queremos que nos salga el tiro por la culata.
Considerando también que el gran empresariado agrupado en la Confederación de la Producción y el Comercio, ya ha procedido a crear un fondo en el contexto de la pandemia, con el fin de reunir 50 mil millones de pesos (US$ 60 millones); o lo que se ha llamado el Fondo empresarial para la emergencia de Salud, es que creo plausible abrir la posibilidad de estudiar de que forma podemos avanzar hacia establecer un mecanismo responsable para que los sectores más acomodados del país puedan aportar dentro de un contexto de crisis como la que nos encontramos hoy en día y en otras futuras que de seguro tendremos que seguir enfrentando; todo dentro de un margen de responsabilidad y excepcionalidad expresa, para evitar así, tal como dije antes que nos convirtamos en un país indeseable para invertir en un futuro mediano.
El proyecto indica que el establecimiento de este impuesto de un 2,5 % sobre el patrimonio bruto de las personas más adineradas del país podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones, y que esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza, vale decir ($369.205 para un grupo familiar de 3 personas, según la encuesta CASEN de abril 2020).
Siendo así, se estaría apoyando al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11.500.000 personas.
Sería importante poder analizar en la correspondiente comisión la certeza de estas cifras, ya que de ser así, estaríamos solucionando la problemática de un numero inédito de hogares en Chile.
Todo lo anterior, teniendo en cuenta eso si que aquí es imperioso escuchar al ejecutivo, atendida la circunstancia de que las materias que dicen relación con tributos son de su exclusiva iniciativa.
He dicho,