En julio de 2016 el país se escandalizaba al quedar al descubierto una serie de anomalías, irregularidades, deficiencias -como se las quiera llamar-, que facilitaron la muerte a un número considerable de niños que estaban bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
La cifra preliminar hablaba de 185 fallecidos, 134 de ellos en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores y dos en centros de administración directa entre 2005 y ese año. Como se recordará, la cifra luego aumentó considerablemente, así como los abusos y abandonos, conforme se fueron recabando más antecedentes.
En 2017 ingresó un proyecto de ley, invisibilizado por otras “prioridades” de la agenda pública y mediática. Sin embargo, hace poco logramos reponerlo, se aprobó en su segundo trámite en la Cámara, y fue derivado al Senado para su última tratativa.
La idea matriz es la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de ley. Esta reforma a la arista del actual sistema, entrega una mirada más intersectorial, con énfasis en una mayor especialización de los equipos, y con un acento explícito en considerar a la familia, cuando se puede, como parte del proceso de reintegración.
No hay dos lecturas en esto. Chile requiere con urgencia adoptar todas las medidas para dar efectividad a las obligaciones asumidas de forma totalmente voluntaria al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y en tal sentido, este proyecto responde aquello con una propuesta que aborda los aspectos más relevantes cuando el menor es infractor de ley.
La inclusión del núcleo parental es una innovación que va en el sentido correcto, pone a la familia de nuevo en el centro formador y educativo, y es un punto en el que he hecho mucho hincapié en reiteradas ocasiones; es un asunto que la institucionalidad del Sename no consideró.
El proyecto también fija reglas para la determinación de penas alternativas que podrán imponerse a los adolescentes. Van en la línea de lo deseable por cuanto debemos lograr que frente a las infracciones de ley que cometan nuestros jóvenes, éstas tengan una sanción efectiva, pero impuesta con un criterio reformador y con el objetivo de reinsertarlo socialmente, en lugar de sólo recluirlo.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República