Ante todo, quiero agradecer muy especialmente a don Mario Olavarría y al directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile, por haber considerado a mi persona para compartir algunas reflexiones, ideas y también cuestionamientos esta mañana.
Y lo hago desde una doble perspectiva:
• Primero, desde la mirada de parlamentario y miembro de la Comisión de Gobierno Interior, Ciudadanía, Nacionalidad y Regionalización, de la cual formo parte desde el 2014, y desde donde hemos estado abordando diversas temáticas relacionadas con el quehacer municipal.
• Y segundo, lo hago, en mi ex rol de funcionario municipal. Como varios de ustedes seguramente recordarán, tuve el honor de participar por más de 30 años de la administración comunal desde Valdivia -como solíamos decir en mi administración, la ciudad más linda de Chile-.
Fui secretario municipal en los ochenta; alcalde a fines de esa década y los primeros años de los noventa. Concejal fui dos periodos, y luego alcalde otros tres consecutivos. Y de ahí, al Congreso.
Comprenderán entonces que al mundo municipal lo llevo más que en la sangre. Me importa no sólo desde la perspectiva legislativa, sino también porque tengo una profunda afinidad y sintonía con él. Es un mundo al que le guardo cariño y admiración pues lo viví en carne propia.
Dicho aquello, AL PUNTO:
Las municipalidades son la primera puerta a la que los ciudadanos tocan ante un problema, duda o necesidad. Son, por decirlo así, el primer factor que puede incidir para bien o para mal en la calidad de vida de las personas.
Siempre ha sido así. Y ha venido obligando a los gobiernos comunales las últimas décadas, a un proceso constante de modernización y adaptación a los cambios sociales. Cambios que partieron como proceso claro de transformación por allá por el año 2002 con implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal (PROFIM) al alero del Banco Mundial y la Subdere. Y desde ahí, no hemos parado más.
Y estas transformaciones han ido en escalada, cada vez más evidentes, palpables y demandantes.
Veamos lo que ha sucedido en materia de Transparencia, Probidad, y Participación Ciudadana, tema que me interesa abordar esta mañana como eje central de esta presentación.
El año 2008 en adelante, la Ley de Transparencia produjo un fenómeno no menor en el mundo municipal: obligó a dar “claridad” a las decisiones ya tomadas, a las estructuras, a los gastos, y todo lo que ello involucra. Pero fundamentalmente, dio inicio a un proceso gradual de incorporación del ciudadano en esa toma de decisiones, y en el control social sobre la gestión comunal.
Esa ley, junto a otra posterior, la ley de Participación Ciudadana, y un conjunto de otras variables asociadas –los cambios sistémicos de las sociedades, los sucesos de notoriedad pública, los indicadores de credibilidad y confianza, entre otros- han obligado en la práctica, a volver la mirada a la esencia de lo que es el quehacer público en general.
Nos han llevado a una cruzada cada vez más obvia: Dejar atrás el estigma de la Burocracia para lograr que nuestros municipios sean considerados y evaluados por la comunidad como entidades eficaces y eficientes de respuesta, pero “al” “con” y “del” ciudadano y sus necesidades.
Ha significado, en definitiva, un cambio en el modelo de gestión pública, que vuelve a poner la mirada, los acentos y los énfasis en lo esencial, que es el Ciudadano, la Persona, a lo largo de todo el proceso de producción de los servicios municipales; desde la concepción de la idea de respuesta a una necesidad, la construcción del paquete de servicios, la ejecución del gasto, la implementación de dicho servicio y evaluación de todo aquello.
¿Pero qué ha significado esto en la práctica? Varias cosas:
Principalmente, Una mayor visibilidad de cada detalle de la gestión, lo que va de la mano –y aprovecho esta tribuna para decirlo- de un llamado de atención, de alerta, a prestar atención a la luz amarilla que se le prende a los municipios, para cautelar en qué y cómo se gastan los recursos públicos.
No es de extrañar entonces la conmoción social que seguidamente causan noticias de desvíos de recursos, gestiones mal hechas, el tráfico de influencias, los gastos desmesurados en cosas que la gente no ve o no evalúa como prioritarias.
¿Y por qué pasa esto? Porque, lo repito: La ciudadanía nos ve como el vecino más cercano, la institución más a mano con la que se involucra en el día a día. Y esa evaluación que el ciudadano hace acerca de nuestra gestión, a la luz de los hechos, finalmente es gravitante en el nivel de satisfacción que percibe respecto de su mejora o empeora su calidad de vida.
Pongo de ejemplo el caso luminarias LED que hoy tiene a varios alcaldes, concejales y colegas municipales en entredicho. La ciudadanía, hoy más que nunca, está vigilante, y no perdona la ineficiencia. Mucho menos, la Corrupción. Y nos interpela, nos juzga, nos pone nota. Y nos condena socialmente.
De ahí, el SEGUNDO PUNTO:
Este y otros casos, deben ser entendidos como una señal que nos invita a revisar con urgencia la institucionalidad municipal vigente. En especial, en lo referido a las estructuras y sistemas de Control y fiscalización internas. Porque claramente algo falla cuando ocurren este tipo de irregularidades a vista y paciencia de la opinión pública.
En lo personal, creo que desde las alcaldías y los concejos municipales tenemos la obligación no solo jurídica, sino también Etica y Moral, de agotar todos los esfuerzos para poner fin a los negocios oscuros en el mundo municipal, que tanto daño nos han hecho cuando ocurren.
Significan menoscabo de recursos, pero también, y más grave aún, se traducen en la pérdida de confianza en nuestra institucionalidad, y qué dañino es aquello en instituciones como las nuestras, que dependen de la credibilidad ciudadana.
Es por tanto, una urgencia clara:
• mejorar la profesionalización de las tareas de auditoria y ejecución del gasto.
• Es imperativo que los Concejos Municipales asuman con decisión el rol Fiscalizador que el Estado de Chile y los ciudadanos les han otorgado, para cautelar los recursos locales.
• Y es necesario establecer un Nuevo Trato, un nuevo estilo de relación, con la Contraloría General de la República, hacia uno más colaborativo, más permanente, más expedito, rápido, eficaz y eficiente, para que no tengan que pasar meses o años para detectar o resolver una eventual irregularidad.
Estimadas y estimados participantes de este seminario. La inclusión del ciudadano en la toma de decisiones también ha obligado a modificar nuestras formas de relación local.
Y a aquí el TERCER PUNTO que quiero poner en relieve:
Hoy cobran más importancia que nunca, temas como el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, territoriales y de base, para que sean entidades validadas, reconocidas y representativas a la hora de interactuar con nuestras comunidades.
Adquieren valor, por ejemplo, la figura de los consejos comunales de la sociedad civil, los COSOC, que van en la misma línea. Existen en la mayoría de los municipios, y están llamados a una instancia de mejoramiento de la gestión desde la óptica de la participación y la consulta social dentro del marco que nos permite la ley, cosa que no necesariamente está ocurriendo en general.
Como CUARTO PUNTO, destacó la enorme oportunidad que nos ha abierto la tecnología.
El mundo de las nuevas tecnologías de la comunicación, las plataformas digitales de participación, consulta e información, son formas que hemos ido adoptando en las comunas desde inicios de la década del dos mil, y que pueden ser herramientas aliadas para prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
Pero también son espacios de escucha para decodificar lo que nos está exigiendo y nos están queriendo decir las personas.
No significa aquello tener que caer en la neurosis o la hiperventilación que a veces suelen provocar las redes sociales en líderes y autoridades, al punto de creer que la decisión política puede limitarse y resolverse simplemente en un Twitter o una foto en Instagram.
En concepto de red social aplicado al mundo municipal también nos ha abierto los ojos de la importancia de aterrizar las políticas de desarrollo local bajo conceptos relativamente nuevos en nuestro sector, como el de nichos o públicos objetivos, la segmentación de los esfuerzos, y la retroalimentación instantánea ante hechos, opiniones o propuestas.
Estimados, voy al QUINTO PUNTO a resaltar:
Los procesos de transformación que nos viene exigiendo la sociedad chilena no han sido fáciles en nuestro sector. Hemos debido hacerlos contra la natural resistencia al cambio, muchas veces desprovistos de recursos y de las debidas asistencias profesionales especializadas en nuestros equipos de trabajo.
Seamos honestos en este punto: Por décadas hemos debido luchar contra las dificultades propias de una estructura político-administrativa excesivamente rígida, poco flexible y con baja autonomía para responder eficazmente a las demandas sociales que van apareciendo. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de ser meros administradores de recursos o de tareas traspasadas a nosotros, pero sin capacidad para adaptarlas a nuestras realidades locales?
Hay algunas consideraciones, que probablemente ustedes conocen tanto o mejor que yo. Solo para traer a colación las más contingentes:
La ley de plantas municipales, de mediados de la década de los noventa, tuvo prácticamente amarrada de manos a las municipalidades para poder modificar su estructura funcionaria con miras a la incorporación de profesionales o la creación de nuevas áreas, con el consiguiente problema que fue originando desigualdades en la coexistencia de funcionarios de distinta categoría por el solo impedimento de la ley.
Afortunadamente el 2016 pudimos aprobar en el Congreso una nueva “Ley de Plantas”, cuyo espíritu es la modernización Municipal. Hoy hay casi un centenar de municipios que por diversas causas aún no han podido aprovechar esta norma para modernizar la estructura del personal. Por ello acabamos de aprobar en segundo trámite un nuevo plazo para hacer estas reestructuraciones de aquí al 31 de diciembre del 2022.
Otro aspecto que nos ha jugado en contra, ha sido los recursos. Y más propiamente, la participación local en la toma de decisiones respecto del gasto fiscal. Y más a fondo aún, la cuestión de la Descentralización en la toma de decisión.
Y Descentralizar no es solamente una mirada territorial. Implica, en su esencia más pura, entregar herramientas reales, desde la base, para resolver las cuestiones que demanda el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida.
Dicho de otra forma: Descentralización, desde la óptica municipal, y desde un enfoque de una participación social más real, debe ser entendida fundamentalmente como la influencia vinculante que tenemos en la toma de decisiones del bolsillo fiscal. Y para eso hay que empoderar a las comunas y a los municipios, que son los que representan directamente a la comunidad.
Aquí quiero hacer un alto, y aprovecho este espacio al que me han invitado, para hacer un llamado, respetuoso pero claro, urgente y enérgico, al gobierno, a mi gobierno:
Hace poco más de tres años, el Congreso Nacional, por amplísima mayoría, aprobó dos proyectos de mi autoría. Son proyectos que elaboramos con actores tanto del mundo municipal y como del gobierno regional de mi región, tomando como base experiencias exitosas.
• El primero de ellos permitirá que de forma vinculante sean los municipios quienes prioricen hasta el 30% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) mediante mecanismos de participación ciudadana que determine el municipio y certificados por el Gobierno Regional.
• El segundo proyecto, incluirá a los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC) en la asignación del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), mediante la consulta vinculante en el proceso de priorización del gasto de cada comuna, para que sea respetado a la hora de la asignación de los recursos por parte del intendente.
Pero son iniciativas que hasta ahora y pese a todos los esfuerzos, no han sido recogidas por el Ejecutivo para que podamos iniciar su debate y tramitación.
Son iniciativas que se suman a un conjunto de otras que caen, muchas de ellas, en las demandas de esta Asociación de Municipalidades, o en la Agenda Regionalista y Descentralizadora, o en la idea de una reforma tributaria diferenciada hacia las regiones, que buscan todas ellas, al final del día, inyectar de más recursos y más herramientas a las comunas y regiones, con más decisión local sobre estos nuevos ingresos.
PARA CERRAR:
Como esbocé antes: Hay que descentralizar, y abrir la participación, no solamente desde el centro hacia las regiones, sino que también desde las regiones hacia las comunas.
Significa más decisión local, más participación, más ciudadanía resolviendo sobre su propio desarrollo. Con municipios modernos, profesionalizados, robustecidos y transparentes. La tarea es ardua.
Muchas gracias.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la Republica
Salvatore Bellemo Filonzi
Jefe de Gabinete Legislativo