En 2003, cuando yo era parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, desarrollamos un proyecto con el entonces senador Alberto Espina para crear una Defensoría de Víctimas de Delitos. En 2016 un grupo de parlamentarios de ChileVamos, entre los que me encontraba, repusimos la iniciativa, fue aprobada por el Congreso pero no fue acogida por el gobierno de la época. Por eso hoy aplaudo que sea la administración de Sebastián Pïñera la que se haya hecho eco de la idea.
El proyecto ingresado por el Ejecutivo la semana pasada logra recoger el espíritu y los aspectos más esenciales de ese trabajo previo; es una modificación sustancial que viene a llenar el gran vacío de nuestro actual sistema de justicia que, desgraciadamente, deja en desventaja ante la ley a quienes precisamente han sido las víctimas de delitos.
En la actualidad la Fiscalía apoya investigativamente a los tribunales; la defensoría penal protege al delincuente; pero nadie protege a la víctima de un delito; por eso este proyecto viene a reparar esta enorme inequidad en que son precisamente las víctimas, las únicas que no tienen amparo del Estado de Chile.
De ahí que tanto el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos –eje central del mensaje del primer mandatario- vienen a resolver tanto la carencia de representación de la víctimas, la persecución penal de los delitos en favor de los afectados, pero también da centralidad a un conjunto de esfuerzos, hoy dispersos, que buscan proteger a grupos más vulnerables de la ciudadanía.
De mantenerse la idea tal cual se ingresó a trámite, la Defensoría de las Víctimas prestará asesoría y defensa jurídica a quienes hayan sido objeto de delitos; entregará además asistencia sicológica y social, con énfasis en las víctimas de delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la integridad sexual y la libertad.
Para ello, se unificará bajo el paraguas del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y en la Defensoría de las Víctimas de Delitos toda la oferta pública disgregada, lo que incluirá las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial, los programas especializados para niños y adolescentes (Mi Abogado), el Programa de Defensa Integral del Adulto Mayor y el Programa de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior.
Bernardo Berger Fett
Diputado