Boletín N° 12.827-13
Presidente, entiendo que aunque este proyecto se ingresó el 6 de agosto del año pasado, ya ha sido discutido en distintas formas a lo largo de 3 gobiernos y por casi una década. Debo reconocer que es un proyecto bastante robusto con 02 elementos que efectivamente son fundamentales : 1.- La Modernización de la Dirección del Trabajo y 2.- la mejor regulación de la carrera funcionaria; lo que a mi juicio esta bastante bien resguardado en las disposiciones del proyecto.
Valoro las reformas introducidas, sobretodo, la designación del Director del Trabajo realizada por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, por 4/7 de sus miembros en ejercicio, ya que con esta modalidad, la designación se aleja de los ciclos políticos y se transforma en una instancia más técnica y profesional como debe ser.
Por otro lado, la realidad actual es completamente distinta a la existente hace medio siglo y hoy existen numerosas herramientas tecnológicas, técnicas y profesionales que, bien utilizadas, claramente vendrán a facilitar las labores de la institución, mejorarán el nivel de servicio y a la vez la calidad de vida de sus funcionarios y lo más importante favorecerán la conectividad con los usuarios.
Sin embargo, pongo en duda la necesidad real del concejo consultivo, ya que a mi parecer la función que se le esta asignando, en cuanto a servir como proporcionador de la labor interpretativa de la ley, corresponde más bien a los tribunales de justicia y no a un concejo consultivo, que por lo demás requerirá de un alto presupuesto para poder financiarlo, y creo que no estamos en el mejor momento económico para superponer tareas que deben estar entregadas, por una parte a los tribunales laborales que para eso están, y además es una tarea propia del equipo jurídico de la misma dirección del trabajo que debe contar con los profesionales màs idóneos en el ámbito del derecho laboral, en lugar de estar financiando un consejo consultivo externo.
Por lo tanto, cuidado con seguir abultando el aparataje público a través de estos mecanismos que para lo único que sirven es para pagar asesores privados con presupuesto público. Digo esto porque la dieta de cargo fiscal asignada a los miembros de este consejo consultivo es de 5 UTM por sesión, lo que conlleva a un costo anual estimado de $44.770 miles al año, cifra que bien podría ahorrarse para otros fines.., tampoco se advierte que calidad jurídica tendrán estos asesores y cual será el grado de responsabilidad que asumirán.
En fin Presidente, apoyo el proyecto con la salvedad expresa que he indicado y que creo, debería considerarse atendida la situación económica que vivimos y la necesidad de ser cuidadosos con el presupuesto público.