La pandemia ha invisibilizado estos meses otros problemas que en Chile están aún lejos de resolverse. Me refiero, entre ellos, al tipo de trato que estamos dando a nuestros niños y el papel que el Estado ha jugado en su protección, o la falta de ella.
Han pasado varios años desde que salieron a la luz pública las escandalosas actuaciones al interior del Sename, y de que se conociera una larga lista de menores de edad cuyos derechos, incluyendo la pérdida de vidas, fueran sistemáticamente vulnerados aún estando al cobijo del sistema público.
De ahí que no podemos seguir dilatando la cosa, y resulta urgente y necesario renovar, fortalecer y perfeccionar la institucionalidad que se hace cargo del cuidado de los niños del país. Es una discusión que cobra especial relevancia a la luz de lo sucedido estos días en el Congreso Nacional donde, después de pasar por comisión mixta, aprobamos el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
La iniciativa crea una nueva institución que viene a sustituir al actual Sename, y lo hace entendiendo esta nueva figura como parte de un sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Será descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, pero sometido a la vigilancia y fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Considerando todas las falencias y negligencias que con gran desilusión pudimos advertir en la administración del Sename, este proyecto es claramente necesario para fortalecer, renovar y perfeccionar la institución que se haga cargo del cuidado de nuestros niños.
En el marco de la discusión, varios diputados entre los que me incluyo, hemos planteado la necesidad de que el proyecto contemple disposiciones que obliguen a realizar un control sobre los tiempos de internación de los niños. Y en esa línea, nos alegra que el texto, tal como salió de la sala, proponga que las residencias sean la última opción. Siempre se procurará preferir a la familia propia y las de acogida, teniendo presente el principio de la re-vinculación familiar en todo el proceso, cuando éste es posible.
Además, se exigirá que las residencias sean especializadas, y que cuenten en su dotación humana con al menos un 75% de profesionales y técnicos especialmente preparados en la materia.
Bernardo Berger Fett
Diputado