BOLETÍN Nº 13.378-04
Presidente, está claro que las medidas sanitarias producto de la pandemia, han afectado a un gran número de familias, provocando que en muchas de ellas los padres de los estudiantes se vean imposibilitados de trabajar, viendo mermados sus ingresos o perdiendo su fuente laboral.
También es cierto que muchos estudiantes que trabajan para costear sus estudios se han visto imposibilitados de continuar con sus trabajos, con la consecuente falta de recursos económicos para pagar los aranceles mensuales y todas las demás obligaciones pecuniarias que exigen universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Sin embargo Presidente, creo que debemos ser cuidadosos al ingresar iniciativas, que sin bien tienen la mejor de las intenciones en proteger a nuestros estudiantes y a las familias que se han visto afectadas con esta pandemia, también debemos ser justos y tener en cuenta lo que esta aconteciendo en el Sistema de Educación Superior, ya que el tenor de este proyecto de ley, hasta donde tengo conocimiento, ya ha sido anticipado por las instituciones de educación superior.
Debemos considerar que en gran medida el Sistema de Educación está operando en su totalidad, es decir, en clases de índole remota, con excepción de unos centros de formación técnica pequeños, que tienen actividades de índole práctica.
Esta realidad al parecer no fue considerada en el ingreso de este Proyecto de Ley.
Por otro lado, y tal como se informara en la comisión de educación, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, ha puesto a disposición varios elementos dentro del plan de acción para aportar y apoyar a las instituciones y a los estudiantes.
De hecho, la circular que dictó la Superintendencia de Educación Superior está recogiendo las circunstancias actuales, permitiendo a las instituciones de educación superior cambiar la modalidad en que impartían sus carreras mientras dure la pandemia a nivel nacional, permitiendo así la continuidad de estudios a los estudiantes.
Entiendo también, conforme a lo informado durante la comisión de educación que también se puso a disposición una plataforma acordada con Google para que instituciones puedan impartir clases de manera remota a sus estudiantes.
También es sabido que la gran mayoría de las IES han adoptado medidas que apuntan al apoyo en el pago de aranceles de los alumnos, también un buen número los ha apoyado a través de becas de conectividad a internet, es decir, ha habido un esfuerzo de carácter mancomunado y de manera exitosa en este proceso sin necesidad de legislar en forma general, ya que asi cada institución de educaciòn superior puede acomodar sus programas de apoyo a sus alumnos de acuerdo a su realidad.
Por todo lo anterior, es que creo que el proyecto, si bien tiene una intención loable tiene un efecto negativo, ya que podría constituir un desfinanciamiento que puede ser relevante para las instituciones de educación superior, ya que los costos de éstas son de carácter fijo, vale decir, que no por el hecho de que se estén implementando clases en línea, habrá una rebaja sustancial en sus costos.
Recordemos Colegas, que en estas instituciones hay profesores que también sostienen familias y que sus sueldos deben ser cubiertos si o si; no vaya a ser que desvistamos un santo para vestir otro, ya que no tiene sentido.
Otro hecho importante a considerar es que del total de instituciones con información, 91% (105) están tomando medidas para flexibilizar los pagos, que van desde la postergación del pago de las cuotas correspondientes a los primeros meses del año 2020 hacia los primeros del 2021; la posibilidad de realizar abonos de una parte del arancel para los estudiantes que lo requieran, el descuento de parte de la mensualidad y la ampliación de las fechas de vencimiento de las cuotas, entre otras medidas.
Por lo tanto, Presidente, si bien la iniciativa me parece loable, creo que debemos analizar con mayor detalle las repercusiones reales que pueden involucrar y los terceros afectados con estas medidas. Todo lo anterior, sin dejar de considerar las reservas de constitucionalidad que afectan al proyecto, ya que toca también a las instituciones estatales, por lo que puede considerarse que incide en la administración financiera del Estado.
He dicho Presidente