Nadie se casa pensando en separarse. Y aunque el deseo de las parejas al unirse en matrimonio es estar juntos para toda la vida, la realidad es otra.
Según el Registro Civil, en 2018 se celebraron 66 mil 186 matrimonios, y los casos de divorcio alcanzaron a 42.642. En tanto, el Informe anual de Justicia (INE) precisa en 63 mil 752 el total de causas ingresadas relativas a divorcio ese año, y el 72,8 % se resolvió por sentencia judicial.
No podemos taparnos los ojos ante las cifras y es necesario buscar soluciones para quienes tienen el legítimo derecho de querer rehacer sus vidas después de una ruptura definitiva.
En 2004 la Ley de Matrimonio Civil incorporó el Divorcio Vincular, reconociendo con ello la libertad personal de los cónyuges. La norma estableció que era necesario acreditar el cese de convivencia por 1 año cuando era de mutuo acuerdo, y de 3 años cuando la separación era unilateral. Pero siempre se debe acreditar el cese de convivencia, el cual busca corroborar que no existe intención, por uno o ambos de los contratantes, de continuar vinculados legalmente.
Para requerir a un juez que declare la disolución del matrimonio, debe generarse un acuerdo relativo al régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que se mantendrá con los hijos cuando los hay. Pero cuando este acuerdo está logrado previamente por sentencia judicial, deja de tener sentido prolongar el vínculo matrimonial a la espera que se cumplan los tres años del cese de convivencia unilateral para divorciarse.
El extenso plazo de tres años, cuando ya están resueltas las cuestiones previas, dificulta el proceso de disolución del vínculo en cuanto mantiene una tensión innecesaria en una relación afectiva entre cónyuges que ha terminado. Ello redunda negativamente en los hijos cuando los hay, debido a la prolongación artificial del clima de conflicto.
Y eso es precisamente lo que buscamos evitar mediante un proyecto de ley que ingresé este mes a tramitación en que, reconociendo toda esta realidad, se propone acortar de tres a un año el tiempo que deben esperar aquellos matrimonios que se separan de hecho para pedir el divorcio de manera unilateral, eso sí, cuando están todos los demás aspectos de la relación que termina, resueltos.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República