¿Cómo generar más empleo, captar el interés de las empresas por retener a sus trabajadores, o garantizar que lo que Chile destina a capacitación laboral se use efectivamente en ello?
Esas preguntas en 2018 se las hicimos al entonces ministro del Trabajo para el rediseño con que, desde lo público, enfrentaríamos la cuestión de la capacitación, el empleo y las facilidades a la inversión privada en estos temas.
En ese contexto, esta semana votamos en primer trámite un proyecto que precisamente moderniza el uso de la Franquicia Tributaria, introduce enmiendas y mejora la regulación del mecanismo de capacitación y empleo, a fin de incentivar su calidad y pertinencia.
Revisemos hechos. Desde 1997 se viene diagnosticando el funcionamiento de la Franquicia Tributaria y constatando la precaria focalización de los programas que se subsidian mediante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La calidad de sus cursos no es clara, y la franquicia no asegura impactos positivos relevantes sobre empleabilidad.
En 2015 el Estudio sobre la Organización, Estructura y Funcionamiento del Mercado de la Capacitación (Universidad de Chile) indicó que no existe prueba de que los organismos técnicos de capacitación hayan contribuido a mejorar la calidad del sistema, menos, a mejorar la oferta de formación. Y una crítica permanente es la poca conexión entre oferta de capacitación y demandas del sector productivo.
Se ha constatado finalmente, que en el uso de la Franquicia Tributaria, apenas el 1,5% de las pequeñas empresas la utilizan, en consecuencia que la gran fuerza laboral está en las pymes.
Por eso este proyecto que aprobamos es oportuno. Uno de los cambios que introduce es que en adelante sólo podrán acogerse a franquicias aquellos gastos destinados a acciones y programas efectivamente realizados, cosa que parece obviedad, pero que en la práctica no lo es tanto.
También contempla vincular la formación laboral con la educación formal, fortalece las competencias del Sence, robustece la capacitación directa que ejerce dicho servicio, faculta a la sociedad civil para presentar iniciativas de capacitación, y mejora la regulación en materia de sanciones.
Por eso rescato este proyecto que permitirá una mayor pertinencia de las acciones de capacitación para mejorar la empleabilidad, junto con modernizar mecanismos de financiamiento y control del gasto, para que los cursos sean de calidad y acordes a las necesidades del país.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República