Pese a los esfuerzos, la violencia y el vandalismo no cesan. Ya no cabe hablar de estallido social bajo ningún prisma. La destrucción ha traído un alto costo para Chile, las policías han deslizado estar superadas, y la comunidad, cansada.
En ese escenario, se hace altamente necesario echar mano a herramientas y un estilo distinto de combate a esto que no es más que crimen con mayor o menor nivel de organización y convocatoria.
Cobra relevancia la vigente modificación al Código Penal que tipifica precisamente las conductas que atenten contra la libertad de circulación de las personas a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo.
La violencia asociada al movimiento social es un contrasentido respecto a los motivos invocados por quienes aún la defienden. Si la idea era proteger los derechos de los más vulnerables, éstos han sido los más afectados; si era acusar desigualdad económica, la destrucción de empleos la ha acentuado; si era poner el dedo en la llaga de los abusos y derechos, la dignidad de las personas ha sido la más violentada.
La tramitación de la Ley Anti-Saqueos fue corta y categórica. Busca tanto ser un disuasivo a la desgraciadamente naturalizada acción vandálica, como entregar a las fiscalías y tribunales nuevas herramientas para dejar donde tienen que estar, tras las rejas, a los delincuentes que operan hasta ahora en casi total impunidad en estos estallidos violentos.
He escuchado voces que acusan la norma de represiva. Incluso colegas de la izquierda más dura, en un acto poco consecuente con ellos mismos creo yo, invocaron al Tribunal Constitucional para desestimar esta ley. En lo personal, pienso que en el estado actual debe ser bienvenida toda nueva herramienta, operativa o legal, que respetando la Constitución y las leyes, otorgue tranquilidad, seguridad y paz social a las miles de familias chilenas que han debido sufrir una permanente alteración de sus vidas.
No obstante, creo que es bueno un par de cosas a tener en cuenta; Que ni la Ley antisaqueos ni ninguna otra disposición normativa va a corregir por sí misma las cosas. Que se requiere con urgencia una coordinación más estrecha entre policías, Justicia y gobierno para frenar la impunidad. Y que las organizaciones y líderes sociales están llamados a dejar atrás la odiosidad y a promover el encuentro, el entendimiento y la paz.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República