A segundo trámite pasó el proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo, que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables a estos actos. La llamada “ley anti-encapuchados” fue aprobada por 127 votos y ha causado controversia esta última semana.
Es importante recalcar que ésta no es una ley para desincentivar las marchas pacíficas que se encuentran dentro de la legalidad. Este proyecto busca frenar el vandalismo y destrucción que se producen en forma paralela a las marchas o posterior a su realización, y que causan graves daños a las personas, las comunas, los emprendimientos y al empleo.
Ya es tiempo de abordar en forma seria la seguridad ciudadana, abogando por fortalecer la paz social y castigar efectiva y severamente a quienes prefieren delinquir por sobre manifestarse en forma pacífica y con respeto, cosa que ha pasado en estas ya siete semanas desde el inicio del estallido social.
Como consecuencia de estos actos –condenados en forma transversal-, miles de chilenos han perdido su fuente laboral, afectando por ende a sus familias y su calidad de vida. La legitimidad de las demandas sociales también se ha visto opacada por los saqueos y quemas.
La nueva ley, que todos esperamos se apruebe, especifica que ahora los desórdenes públicos tendrán connotación penal. Se plantea que las sanciones vayan desde 541 días a tres años como mínimo y a cinco años como máximo. Esto, con el agravante cuando se trata de impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
Otra de las modificaciones de la ley señala que también aumentará el peso de la ley, cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean éstos públicos o privados, o cuando se incendien objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
Pero más allá de la iniciativa en materia de ley, es fundamental ir tomando distancia de la violencia desatada en Chile estos meses, y apartar a quienes ven en las manifestaciones una oportunidad de destruir, enlodando el espíritu cívico que tanto echo de menos en mi país.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República