El concepto de participación ciudadana y de representación social se ha venido imponiendo con fuerza en la agenda los últimos años. Ha dado pie a promulgación de leyes y a la conformación entidades como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC). Y es precisamente en este organismo donde ha faltado un pequeño detalle: recursos para garantizar que la representación que le compete a sus participantes, se cumpla.
Por eso ingresé el jueves un proyecto que otorga financiamiento para las actividades desplegadas por las organizaciones de interés público descritas en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incluye los Cosoc.
Ello podría permitir, por ejemplo, el reembolso de los gastos en que incurren los consejeros sociales a la hora de trasladarse a las reuniones y encuentros a los que son convocados –tales como pasajes y alimentación-, y que en la actualidad salen del bolsillo personal pese a no recibir salario por este tipo de cargo.
Los Cosoc han sido gravitantes para promover la toma de decisiones. Pero costear por sí mismos los gastos es un contrasentido y un problema grave, pues por un lado los invitamos a representar a la ciudadanía, les exigimos cumplir, pero no garantizamos las condiciones mínimas para que ocurra, rayando peligrosamente en una discriminación en función de quien individualmente tiene más y quien tiene menos recursos para ejercer la función.
Así, esperamos que la responsabilidad que imponemos a nuestros representantes sociales no termine lesionada por estar desvestida de medios.
El proyecto va en una línea similar al N°442 aprobado por la Cámara en junio, también de mi autoría, que permite que los dirigentes vecinales reciban reembolso por gastos impetrados por asistir a convocatorias de servicios y ser beneficiarios de cobertura ante accidentes durante el ejercicio de la actividad dirigencial.
Antes de cerrar: Aplaudo la aprobación del proyecto que promueve plebiscitos comunales, en su idea de legislar. En la comisión de Gobierno Interior debatimos bastante y creo que lo que ha salido de ella es un buen texto, que compatibiliza el derecho de influir en la gestión municipal con el deber cívico previo para hacerlo, y entrega una herramienta que, si bien no es nueva, ahora es vinculante siempre que vote en él más del 35% de los ciudadanos habilitados para sufragar en la comuna.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República